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INTRODUCCIÓN. DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Es de agradecer la oportunidad que nos brinda nuestro buen amigo Rafael Puyol de participar en este libro sobre la cuestión universitaria, en la que se nos pide que compartamos nuestra visión actual sobre la universidad española y los retos a los que se enfrenta en ese largo camino hacia una mejora permanente de la calidad. Y lo más importante aún, los cambios necesarios que deberíamos emprender para ello, muchos de los cuales ya se están desarrollando por varias de nuestras instituciones académicas en la medida que el marco normativo y la disposición de recursos suficientes lo permiten.

El pasado 7 de junio, en mi calidad de presidente de CRUE Universidades Españolas, comparecimos ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para exponer, en nombre de nuestra asociación de universidades, nuestro diagnóstico de la situación actual del sistema universitario español, así como para esbozar las líneas básicas de nuestra visión del cambio necesario para el mismo ante el posible marco de un futuro gran «Pac-to de Estado Social y Político por la Educación» que, como es sabido, entre otros agentes y organizaciones también hemos venido solicitando. Por ello, pensamos sería bueno y oportuno que mi contribución en este texto se derivara esencialmente de los elementos centrales de mi intervención en la citada Comisión, que en buena medida nos permitimos reproducir por su interés.

Comenzaré de nuevo insistiendo en nuestro firme convencimiento de la vital importancia de la educación superior y la I+D+i universitaria para desarrollar no solo una economía más competitiva en la era de la sociedad del conocimiento, mediante el incremento del capital humano y tecnológico, sino también para lograr una sociedad más justa, con más opciones de empleo estable y cualificado, con mayor responsabilidad social, más calidad democrática, mayor conciencia medioambiental y con comportamientos más saludables. Afortunadamente, hoy podemos afirmar que la mayoría de la sociedad española, las empresas y administraciones y sus diferentes instituciones y organizaciones sociales, compartimos la importancia de nuestro sistema universitario para la sociedad española.

Es bien conocido que la estrategia Europa 2020 se propone lograr «un crecimiento inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación, sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono, e integrador, que ponga el acento en la creación de empleo y la reducción de la pobreza». España está obligada con ella y debe progresar en la consecución de sus metas.

Pues bien, la estrategia Europa 2020 se centra en cinco ambiciosos objetivos en las áreas de empleo, innovación, educación, reducción de la pobreza y cambio climático/energía y, en todos ellos, la contribución de un buen funcionamiento del sistema universitario resulta imprescindible:

  1. En primer lugar, es fundamental para lograr empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.
    2. Resulta vital para lograr el objetivo de alcanzar una inversión del 3% del PIB en I+D.
    3. Es imprescindible para detener el cambio climático y lograr la sostenibilidad energética, incrementando el uso de energías renovables y la eficiencia energética.
    4. Es ineludible para que se reduzcan las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% y para que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad completen estudios de nivel terciario.
    5. Y también lo es para luchar eficazmente contra la pobreza y la exclusión social, pues la educación es el principal instrumento para la igualdad de oportunidades. La educación superior es el principal ascensor social, si existe esa igualdad de oportunidades.

Y debemos preguntarnos ¿cuán lejos está España de alcanzar esos objetivos?, y a continuación, ¿qué debe y qué puede hacer la universidad española para ayudar a lograrlos?

El Consejo de la Unión Europea emitió el 22 de mayo pasado un dictamen y tres recomendaciones sobre el avance del Programa Nacional de Reformas de 2017 de España. En el dictamen señalaba bastantes problemas relevantes para el sistema universitario español:

  • La baja empleabilidad comparativa de los titulados universitarios españoles.
  • La escasa movilidad de los estudiantes y del personal académico, lo limitado de las oportunidades de periodos de prácticas y la ausencia de incentivos.
  • La existencia de obstáculos a la cooperación de la universidad con las empresas en materia de educación o investigación.
  • La necesidad de impulsar un mayor fomento de la investigación y la innovación, a fin de aumentar la productividad y la competitividad del país.
  • El retroceso en los resultados en materia de innovación hasta situarse actualmente en un nivel inferior al de 2007, y el incremento del desfase con la media de la UE.
  • La coincidencia del bajo rendimiento en innovación con la disminución del gasto privado en I+D.
  • La inexistencia de una planificación plurianual sistemática de los presupuestos públicos para la I+D+i.
  • La falta de evaluación de la eficacia de los programas de apoyo a la I+D+i con vistas a mejorar su diseño y aplicación.
    La escasa cooperación entre los sectores público y privado y la deficiente movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado.
  • La existencia de fuertes rigideces y deficiencias en el marco de gobernanza de la educación superior, la investigación y la innovación. Y falta de coordinación entre los diferentes niveles de la administración.

Y de las tres recomendaciones formuladas en el dictamen sobre España, dos de ellas hacen referencia al ámbito de las universidades:

  • Aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral.
  • Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración.

Ciertamente, es un diagnóstico que bien podemos compartir, como las recomendaciones, pero podemos añadir algunos elementos más que creemos de la máxima importancia, e insistir en que estaríamos encantados de cooperar con los poderes públicos, el sector empresarial y la sociedad para resolverlas. Es bien claro que la resolución de muchos de los problemas identificados no depende, al menos únicamente, de la voluntad de las universidades, ni están exclusivamente a su alcance.

Es esencial que compartamos un diagnóstico preciso sobre nuestra situación y que nos esforcemos en comprender bien los problemas y delimitar aquello que no lo es. Así, hemos visto cómo en los últimos años se han planteado a la opinión pública varios falsos problemas respecto a la universidad española y, dado que no aplicamos muchos recursos, creo que debemos dirigirnos a resolver lo esencial. Citaré dos ejemplos de falsos problemas:

  • No tenemos ni demasiadas universidades, ni demasiados universitarios. Cualquier análisis comparado de los datos de otros sistemas universitarios de calidad permiten sostener sin problemas esta afirmación. El tamaño del sistema universitario español, tanto desde la demanda como desde la oferta, es adecuado y no está sobredimensionado, y su actual estructura y amplitud resultan indispensables para que España pueda alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea de que el 40% de la población tenga estudios superiores para 2020.
  • Nuestra posición en los rankings no es sobresaliente, pero tras un análisis exhaustivo (Grau, 2015; Michavila, Martínez, Merhi, 2015), podemos concluir que «el sistema universitario español tiene un impacto total adecuado a su tamaño y recursos totales utilizados por el país». Debemos mejorar, pero nuestras limitaciones son objetivas.

Las universidades españolas no alcanzarán puestos de relevancia internacional mundial si no hay una apuesta decidida del país por ampliar su esfuerzo en I+D, con mayor esfuerzo de gasto público, pero —sobre todo— de gasto privado. La posición de las universidades en los rankings internacionales es un síntoma de la intensidad y la estabilidad del sector de la investigación y la innovación en cada país, y tiene bastante que ver con el nivel más reducido de recursos de que disponen, si se comparan, por ejemplo, sus presupuestos por alum-no con los que tienen la mayoría de las universidades que figuran en el TOP 150 de ARWU (Juliá, Pérez, Meliá, 2014).

Desde el asentamiento de la globalización y la economía del conocimiento, las prioridades de los países más competitivos se han dirigido decididamente hacia el crecimiento sostenido del esfuerzo del gasto público y privado en I+D+i.

A partir de 2008 y con la llegada de la crisis, España se ha separado de esa tendencia general, cambiando la pendiente de su curva de evolución a descendente, mientras que los mayores competidores han seguido priorizando la inversión en I+D+i incluso en momentos en los que se producía una recesión en sus economías.

En ese contexto recesivo, muchos países, precisamente como estrategia para la salida de la crisis, han redoblado la intensidad de los esfuerzos en I+D. Es el caso de Alemania, de los países nórdicos y de los países asiáticos más competitivos, como Corea, Japón o China.

España gasta en I+D un 1,22% de su PIB, cuando la media de los 28 miembros de la UE es del 1,94 % del PIB y la de la OCDE el 2,37%. Tan solo nos encontramos por delante de Polonia y Grecia en cuanto a gasto en I+D. A la vista de esta situación y de su realidad presupuestaria, ¿por qué razón nuestras universidades se podrían situar en los puestos de cabeza de los rankings internacionales de investigación?

La pregunta clave es pues: ¿qué va a hacer España para aproximarse a una inversión en I+D del 3% del PIB en el horizonte de 2020? Y sobre esta pregunta, la Administración y el mundo de la empresa tienen más capacidad de respuesta que las propias universidades.

Sin duda hay más factores: tampoco escalaremos posiciones en las clasificaciones internacionales si no logramos proporcionar a nuestras universidades una regulación más flexible y más respetuosa con su constitucionalmente declarada, y escasamente aplicada, autonomía universitaria. Necesitamos una nueva regulación, más bien des-regulación, en cuyo marco sea posible, entre otras muchas cosas, atraer el mejor talento y retribuirlo adecuadamente, para incentivarlo y retenerlo. Volveré sobre este tema más adelante.

Es en este punto donde debemos recordar el informe «University Autonomy in Europe III The Scorecard 2017», que acaba de publicar la Asociación Europea de Universidades. En dicho informe se analiza el grado de autonomía universitaria de 29 países europeos. España se sitúa en todos los campos valorados en un nivel medio bajo de autonomía, el penúltimo de los cuatro posibles.

En el diagnóstico de nuestra situación actual hay algunos problemas centrales que el dictamen de la Comisión Europea no recoge pero se señalan en el último informe de la Universidad Española en cifras (Pérez, Armenteros, 2017):

  1. Los precios públicos de nuestras enseñanzas universitarias están entre los más elevados de Europa, son los quintos más caros, tras Gran Bretaña, Irlanda, Holanda e Italia. Por otro lado, nuestro sistema de becas se sitúa entre los más débiles e insuficientes de los países de la OCDE, pues nuestro gasto en becas y ayudas al estudio es solo del 40% de la media. Nada puede justificar esta situación que atenta contra la igualdad de oportunidades y favorece la exclusión. Esta es la primera entre las prioridades presupuestarias a abordar con decisión, ahora que parece que la recuperación es un hecho.
  2. La crisis sigue completamente presente en las finanzas universitarias. La inversión de España en educación superior es inferior a la media de la Unión Europea y de la OCDE y, al contrario de lo acaecido en muchos de estos países desarrollados, el gasto público en educación superior en España se ha reducido un 17% entre 2010 y 2014, algo más de 1.000 millones de euros.
  3. El retroceso en la financiación de la investigación está alcanzando una situación de verdadera emergencia, con retrocesos del 47% de la financiación privada y del 21% en la de origen público, lo que sin duda repercutirá a medio y largo plazo en nuestro nivel de competitividad y de empleo.
  4. Las universidades han perdido mucho capital humano, más de 7.500 empleos, de los cuales 3.486 han sido de profesores y 4.068 del personal de administración y servicios. Es una pérdida muy grave, sobre todo porque no ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia. Es un retroceso que no puede persistir ya que es incompatible con la propia idea de universidad.

Por ello, venimos solicitando desde hace años la urgente supresión de la llamada tasa de reposición, tanto para el personal docente e investigador como para el personal de administración y servicios. De lo contrario se continuará limitando la posibilidad de recuperación de esta pérdida de capital humano, algo necesario si se quiere sostener y más aún incrementar la competitividad de nuestro sistema universitario.

LOS RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. UN PROCESO DE CONTINUA MEJORA

Es importante referirnos a los resultados para conocerlos y valorarlos adecuadamente, ya que es necesario enfatizar que, a pesar de esta importante reducción de recursos económicos y humanos, durante la crisis las universidades españolas han realizado un esfuerzo suplementario y han conseguido mejorar sus resultados:

  1. Desde 2009 hasta 2015 nuestras universidades han completado —con menos recursos— la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y han mejorado el rendimiento académico un 23% en las universidades públicas y un 4% en las privadas.
  2. Han sido capaces de destinar 132 millones de euros anuales a paliar los efectos regresivos de la nueva política de
    becas y ayudas al estudio iniciada en 2012, desarrollando programas propios de ayudas a los estudiantes.
  3. Al contrario que las empresas y el conjunto del sistema, las universidades han sostenido su gasto universitario en I+D+i en el nivel de 2007, supliendo la caída de la financiación externa con cargo a recursos propios. Para ello han reducido sus gastos de personal un 6%, los corrientes un 15% y sus inversiones reales un 35%.
  4. En el ámbito de la producción científica, las universidades han mejorado sus resultados un 54% desde 2008 a 2014, y han incrementado un 6% su impacto, publicando casi el 55% en revistas del primer cuartil.
  5. Y lo más importante, nuestras universidades han seguido proporcionando al mercado laboral español personal de alta cualificación imprescindible para el desarrollo y la competitividad de nuestra economía y para la reducción relativa de su nivel de desempleo.

Son resultados destacables y no debemos infravalorarlos, las universidades han funcionado en condiciones difíciles, con menos recursos han mejorados sus resultados y su productividad. El actual gobierno de las universidades, tantas veces cuestionado y sin duda mejorable, ha permitido afrontar la situación con cohesión interna y logrando, al mismo tiempo, mejoras contrastadas de eficiencia y eficacia.

Pero sí, indudablemente, hay aspectos esenciales de nuestra actividad que deben presentar un balance más positivo. Todos ellos mejorarían con más rapidez si dispusiéramos de recursos adicionales, si se revirtieran —en todo o en parte— los recortes de recursos públicos y los descensos de las aportaciones privadas. Pero, en cualquier caso, la universidad española seguirá, como ha hecho durante los últimos años, en un proceso de mejora continua que no debe detenerse.

QUÉ NECESITAMOS MEJORAR. EL CAMBIO NECESARIO PARA UNA MEJOR CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

Pero volvamos al diagnóstico de los problemas y centrémonos en los cambios que debemos impulsar. La empleabilidad está en relación con el nivel de formación de la población activa. En general, un empleado con educación superior tiene un nivel de desempleo que se sitúa entre la mitad o un tercio de los niveles de desempleo general de su país. También es así en España.

En 2014, la tasa de empleo de la población con estudios superiores era en España del 77%, frente al 82% de la OCDE. De esa información se deduce que la población con estudios superiores tiene dificultades diferenciales de empleabilidad en España con la del resto de países, en gran parte derivado de la enorme debilidad estructural del mercado de trabajo en nuestro país aunque también pueden existir problemas en el diseño curricular de los estudios.

Solo en España, Grecia, Portugal e Italia, la tasa de desempleo de los titulados con educación superior ha seguido avanzando en el periodo 2010 a 2014 (como para el resto de niveles educativos). En el resto de países de la OCDE la tasa de desempleo para niveles educación superior se ha mantenido estable o se ha reducido en ese mismo periodo.

Durante la crisis la formación superior de los egresados universitarios les ha permitido resistir mejor la enorme degradación del mercado de trabajo en nuestro país. A finales de 2015 algo más de la quinta parte de la población activa española estaba en paro (20,9%), mientras que el paro afectaba al 12,5% de esa misma población activa con estudios superiores. A pesar de ello, durante la crisis el empleo universitario creció, según un reciente informe del IVIE (Pérez, 2015).

El INE publicó a finales de 2015, por primera vez, la «Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios», referida a los egresados en el curso 2009/2010, seguramente uno de los peores años para la empleabilidad de los egresados. Los resultados de dicho trabajo, respecto a la inserción laboral en 2014 de los egresados del curso 2009-2010, destacaban elementos de la máxima importancia a tener en cuenta en el análisis de la empleabilidad universitaria.

Debemos pues impulsar los siguientes cambios:

  1. Por un lado, debemos atender muy especialmente las evaluaciones que de inmediato se han de producir sobre el desempeño de los títulos de grado y perseguir una mayor adaptación de nuestros currículos a las necesidades sociales y del mercado de trabajo. En esa estrategia, las universidades y todo el sistema educativo deben proporcionar a sus egresados competencias y habilidades blandas efectivas. Es imprescindible que nuestros egresados encuentren con mayor facilidad su primer empleo de calidad.
    2. Por otra parte, debemos ampliar la proporción de los estudiantes que estudian un máster, actualmente un 10,4% de los que cursan un grado, mientras que en la Unión Europea superan el 20%.
    3. Además, debemos diseñar una estrategia reforzada para mejorar y ampliar nuestra internacionalización y nuestra capacidad de atracción de estudiantes internacionales, tanto de grado como de máster. Todo ello introduciendo cada vez más, como venimos haciendo, el inglés como lengua docente y aprovechando mucho más intensamente nuestra posición de referencia en los países de habla hispana.

En el campo de la I+D es imprescindible que la universidad española aborde cambios sustanciales.

Los avances en materia de innovación son, sin ninguna duda, el eslabón más débil de los resultados del sistema universitario español. Al contrario que en el terreno de la educación superior y de la producción científica, donde las universidades españolas presentan unos resultados relevantes en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza, en el ámbito de la trasferencia de conocimiento y la innovación los resultados están muy alejados de los objetivos que se podrían alcanzar, incluso con nuestro actual nivel de inversión en I+D.

Es cierto que en esta situación influye de manera determinante las características estructurales de nuestro tejido productivo, con una enorme proporción de empresas pequeñas y miniempresas, y el comportamiento competitivo de nuestras compañías.

Las universidades españolas han realizado una intensa actividad en este terreno y casi han triplicado en el periodo 2008 a 2014 las patentes nacionales realizadas, sin embargo no han conseguido elevar sensiblemente sus ingresos por licencias y los resultados son todavía muy insuficientes. Por ello, es necesario impulsar una notable mejora en los comportamientos de transferencia de conocimiento e innovación de nuestras universidades, que han de buscar y encontrar, por todos los medios a su alcance, una interrelación más fructífera con el tejido productivo.

El Informe COTEC refleja cada año, desde 1996, la situación de la I+D+i en España. En la edición correspondiente a 2016 se identifican veinticuatro problemas del sistema español de innovación. Cinco de los diez problemas considerados como «muy importantes» atañen directamente a las universidades y debemos tenerlos muy en cuenta.

En definitiva, hemos de lograr que la totalidad de nuestra capacidad investigadora y de innovación se active, y que nuestra oferta de capacidades y de servicios sea mucho más accesible para las empresas y para la totalidad del tejido productivo. Esta es una asignatura pendiente de la economía española en general, pero también de la universidad española en particular.

Hay otras mejoras que no serán posibles sin cambios estructurales, y permítanme que me refiera finalmente, de forma breve, a la regulación y a la gobernanza.

Cambiar el sistema de elección de los rectores de las universidades públicas españolas se sigue identificando por algunos políticos, por una parte de los Consejos Sociales, por determinadas organizaciones empresariales y también por algunos expertos, como el factor determinante para lograr un avance significativo de los resultados y del estatus internacional de nuestras universidades públicas. En CRUE Universidades Españolas no tenemos interés en cuestionarlo, aunque sí en expresar que este es el final de un camino y no el principio, y que no vale cualquier tipo de cambio en la gobernanza. Tenemos ejemplos recientes, como las cajas de ahorro, donde esos cambios, que se parecen bastante a lo que algunos propugnan para las universidades, han traído problemas enormes al país.

Me refiero en primer lugar, a una parte sustancial de la gobernanza, al conjunto del marco normativo de aplicación que, hoy por hoy, impide resolver algunos de los siguientes ejemplos de disfunciones de las universidades públicas españolas, en relación con lo exigible a una universidad de primer nivel internacional. Con el actual marco regulatorio las universidades públicas españolas (el 86% del sistema) no pueden:

  • Seleccionar a los alumnos con plena libertad respecto a sus condiciones académicas.
  • Seleccionar a los profesores, investigadores y gestores con plena libertad, ofreciéndoles retribuciones acordes con su currículo, su reputación y su potencialidad profesional.
  • Retribuir de forma proporcional el mejor rendimiento docente e investigador de profesores e investigadores, e implementar retribuciones ligadas al rendimiento de los gestores.
  • Establecer estrategias institucionales para mantener un flujo continuo de renovación, con el objetivo de retener y disponer del mejor talento.
  • Movilizar con agilidad recursos docentes de investigación según las necesidades de impulso y apoyo a la actividad docente e investigadora.
  • Ofrecer a los investigadores no funcionarios y al personal contratado para apoyar la investigación unas condiciones laborales dignas, no necesariamente precarias y exclusivamente temporales, sino con cierta estabilidad y progreso profesional, ligadas a la consecución de recursos y a la evaluación permanente de su actividad.
  • Y para terminar, sugerimos disponer de la posibilidad de desarrollar la gestión de la actividad investigadora bajo el principio de confianza y de la obtención de resultados evaluables, ofreciendo a los investigadores un marco flexible para que decidan, por sí mismos, la utilización de los recursos necesarios para desarrollar sus investigaciones, y que permita erradicar la necesidad de dedicar un elevado porcentaje de su jornada laboral a tareas burocráticas.

Cambiar el marco normativo que posibilite resolver estas incapacidades, y unas cuantas más, con efectividad, resulta completamente imprescindible para liberar el potencial de mejora que indudablemente tienen las universidades públicas españolas y, al mismo tiempo, pone de manifiesto que los resultados obtenidos tienen algún mérito.

Y esto es previo y condición sine qua non para que un «buen rector», elegido o designado, como se prefiera, pueda lograr avances sustanciales en el rendimiento de las universidades.

Pero antes de abordar la elección o designación de rectores para nuestras universidades en una convocatoria abierta, don-de se puedan considerar desde un sistema de elección más o menos similar al actual o uno de designación similar al de algunos sistemas universitarios de otros países, donde este proceso recae sobre el consejo de gobierno y éste cuenta, además, con algunos miembros externos muy cualificados, con la suficiente experiencia en la dirección de universidades y de centros de investigación —un modelo que como opción podríamos compartir—, es imprescindible que la regulación permita a los rectores hacer algo, que se les conceda un suficiente grado de autonomía y libertad de acción, para que su dirección pueda impulsar cambios y obtenga buenos resultados.

El cambio imprescindible de este marco regulatorio sería todavía más productivo si a ese mayor campo de actuación para desarrollar buenas prácticas de gestión le añadiéramos el que la actual financiación de las universidades públicas se reorganizara atendiendo a la obtención de resultados docentes y de I+D+i.

Debemos compartir un diagnóstico, como apuntábamos al inicio de este texto, y comprender los problemas que debemos resolver, y también los que no lo son, e identificar quién tiene la responsabilidad de resolverlos: parlamento (estatal o autonómicos), gobierno (estatal o autonómicos), empresas, universidades, y trabajar con objetivos comunes, coordinados y buscando sinergias.

CRUE Universidades Españolas practica la transparencia de su actividad y resultados, y publica anualmente todos los datos relativos a su desempeño docente, de I+D+i y respecto a los recursos empleados. Estos informes los presentamos, año tras año, en público, estos dos últimos en la sede de la Biblioteca Nacional en Madrid.

Las universidades también se preocupan de la rendición de cuentas, como evidencian los sucesivos informes que sobre la «Contribución Socioeconómica de la Universidades» que, desde 2009 ha venido realizando el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para el conjunto del sistema, para diversos sistemas regionales, o para universidades concretas.

No estamos pues ni en la opacidad, ni en la falta de compromiso con nuestra sociedad, sino en todo lo contrario: transparencia, rendición de cuentas y compromiso con la contribución al progreso social. En ese camino, deberíamos todos, administraciones, agentes sociales y universidades, encontrar cauces y consensos para avanzar en beneficio del interés general de todos los españoles, y específicamente en el de los más jóvenes.

CONCLUSIÓN. LAS PROPUESTAS PARA EL CAMBIO

Termino recordando que las universidades españolas han expresado en diferentes ocasiones, la última de ellas en la comparecencia que tuvimos el pasado 7 de junio en la Comisión de Educación de las Cortes, su deseo y compromiso de ayudar y colaborar en lograr y desarrollar ese Pacto de Estado Social y Político por la Educación que nos permita avanzar en ese largo camino hacia la mejora continua y aumento de la calidad de nuestra actividad universitaria, para lo que, como conclusión, planteamos allí las siguientes propuestas:

  • Una mayor autonomía institucional desde la base de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que supone una mayor desregulación, para que con ello se permita una mejor y más flexible contratación de personal. Esta propuesta conllevaría la necesaria eliminación de la tasa de reposición.
  • Un plan plurianual de financiación que atienda a sus necesidades y a los resultados logrados y alcance de objetivos. Un plan que permita una adecuada planificación estratégica a nuestras universidades, garantizando la debida suficiencia financiera para el desarrollo de su actividad, y que facilite en especial la necesaria captación y atracción de talento, que sin los recursos debidos resulta imposible.
  • Más y mejores becas para nuestros estudiantes, como elemento necesario para preservar la justicia social y una verdadera igualdad de oportunidades, ya que, como hemos señalado, son los estudios universitarios un verdadero ascensor social que contribuye tanto a la cohesión social como territorial.
  • La reducción de los precios públicos de grado y posgrado en la línea de lo que se viene produciendo en la mayor parte de países de la Europa continental.
  • El aumento de la inversión pública y privada en investigación, como sucede en otros entornos, recordando aquí que, en el periodo 2008-2014 se redujo en un 21% la inversión pública y nada menos que en un 47% la privada, cuando el objetivo para Europa tras la cumbre de Lisboa es que se alcance el 3% del PIB en investigación (1% público y 2% privado). Por el momento, en España, en su conjunto, tan solo alcanzamos el 1,22% del PIB.
  • Incentivar la transferencia, ya que el avance hacia una verdadera economía del conocimiento hace obligado que nuestra producción científica sea transferida y valorizada en nuestro tejido productivo. Necesitamos producir más patentes y realizar una mayor explotación de las mismas, que contribuya a una mejor transferencia del conocimiento producido y su puesta en valor en nuestra economía.
  • Una mayor internacionalización de la actividad universitaria, que debe venir de diferentes vías, tanto de una mayor movilidad internacional de profesores y estudiantes como de los programas de cooperación, siendo necesario incrementar la presencia de estudiantes extranjeros en nuestras aulas, tan-to en grado como en posgrado. Para ello, debemos continuar incrementando nuestra oferta de asignaturas en inglés, y reclamamos una política de Estado firmemente comprometida en este sentido que facilite los trámites y procedimiento para la admisión y estancia de estos estudiantes en nuestras universidades. En este sentido, resulta de especial interés el trabajo conjunto con nuestras embajadas en los diferentes países, especialmente en el área latinoamericana.
  • También proponemos el estudio de nuevas formas de gobierno en las universidades españolas. No habiendo fórmulas generales iguales para todas, sería bueno considerar otros sistemas, que desde fórmulas más o menos similares a la actual, consideren de forma opcional las que se vienen utilizando en otros sistemas universitarios. Esto permitiría una mejor valoración de los distintos sistemas de gobierno en el futuro.

REFERENCIAS

— COTEC (2016), Informe COTEC. Ed. Fundación COTEC para la innovación.
— Grau X. (2015), Rankings, impacto y sistemas universitarios. Monografías CRUE Universidades Españolas.
— Hernández J., Pérez J. A. (2016), La universidad española en cifras. Informe anual CRUE. Madrid.
— Juliá J. F., Pérez J. A., Meliá E. (2014), El cambio necesario de la universidad española, ante un nuevo escenario económico. Revista Interciencia vol 39, pp 1-9.
— Michavila F., Martínez J.M., Merhi R. (2015), Comparación internacional del sistema universitario español. Monografías CRUE Universidades Españolas.
— Pérez F. (2015), El reto de la empleabilidad de los titulados universitarios. Monografías CRUE 2015. Madrid.


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Segundo Píriz es Catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Ha participado en la gestión universitaria como miembro de distintas comisiones de docencia e investigación. Fue Vicerrector de Coordinación y de Relaciones Institucionales y desde el 2011 es Rector de la Universidad de Extremadura.