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El acceso de las mujeres al poder es una carrera de obstáculos: pese a los avances conseguidos en los últimos años, su participación en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones políticas continúa siendo insuficiente. Las medidas institucionales han facilitado la presencia de la mujer en la esfera pública, pero aún son muchos los obstáculos que quedan por superar, si realmente se pretende alcanzar la meta de la igualdad de oportunidades.

Desde 1975 -declarado por Naciones Unidas, Año Internacional de la Mujer- se han multiplicado las medidas institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres. El movimiento feminista inicial ha dado paso a una visión neofeminista que no cuestiona tanto la igualdad, cuanto las alternativas para mantenerla en algunos ámbitos de actuación, muy especialmente en el mercado laboral.

La bandera de defensa de la igualdad ha supuesto algunos avances y podría afirmarse que en muchas legislaciones (al menos, en Occidente) se ha consagrado la igualdad formal. Pero también es cierto que las desigualdades son evidentes y que es fácil constatar la insuficiente participación de las mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. El mundo sigue gobernado por los varones, situación que implica algunas disfunciones y que fomenta las paradojas de un fin de siglo que -a juicio de Gandhi- “pertenece a la mujer”.

Prueba de las ausencias señaladas son, a modo de ejemplo, los datos recogidos en el ultimo informe de la Unión Interparlamentaria, organización de la que forman parte 135 parlamentos nacionales. Sobre un total de 40.753 parlamentarios (conjunto de las dos cámaras), son mujeres 4.512 y varones 33.981, lo que supone que las primeras representan solo el 11,7% en el marco de la actividad política parlamentaria. También en la educación son notorias las distancias: según las fuentes de la división estadística de la UNESCO, en 1995 había en el mundo un total de 565 millones de mujeres analfabetas, frente a 320 millones de varones. Las mayores diferencias se dan en Asia .

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Podríamos seguir constatando insuficiencias, que confirman que -a pesar del avance innegable en materia de igualdad de oportunidades- todavía hay mucho camino por recorrer . Con todo, no hay que omitir que los progresos han sido conseguidos gracias a las luchas y batallas abiertas por el primer feminismo , que en definitiva supuso -entre otras cosas- el origen de las primeras reformas legales. Como antes se afirmaba, dichas reformas han ido dirigidas a garantizar la igualdad formal; pero aún queda pendiente la segunda etapa, la de la igualdad real.

Los equilibrios entre lo público y lo privado

Las medidas institucionales en materia de igualdad pueden ser consideradas positivas , en cuanto que han facilitado un presupuesto legal y político importante para la incorporación de la mujer en todos los ámbitos normativos . Pero, probablemente, lo problemático no es solo la incorporación sino, sobre todo, el mantenimiento de la mujer en unas condiciones laborales que pueda hacer compatibles habitualmente con las responsabilidades familiares .

Por esa razón, las medidas tomadas , aún siendo eficaces , no dejan de resultar solo un añadido si no van acompañadas de soluciones a otros problemas que quizá son mucho más específicos. Resulta obvio que es insuficiente garantizar la incorporación de una mujer a un determinado ámbito laboral, si posteriormente no va a tener el suficiente respaldo para hacer compatible ese trabajo con las “cargas” de su situación privada y, muy especialmente, con las consecuencias que lleva consigo la maternidad.

Sin embargo, no parece acertado enfrentar la maternidad con el posible avance profesional; ni tampoco establecer una serie de medios para hacer viable un trabajo que respete sin más un permiso laboral por razón de maternidad. Más bien, se trata de revisar en qué términos la mujer y el varón despliegan el debate y la relación entre lo público y lo privado, y cuáles son los roles que tradicionalmente han sido atribuidos a la mujer y al varón, diferenciando con claridad entre lo cultural y lo biológico.

Esa revisión conceptual requiere hacer un balance histórico y confirmar que las responsabilidades familiares necesariamente tienen que ser compartidas. No se trata de simplificar la afirmación, reduciendo el tema a un reparto de trabajos domésticos, sino de analizar de fondo en qué medida las mujeres requieren más formación para aparecer en la esfera pública y -al mismo tiempo- de qué modo los varones pueden aumentar su participación en la esfera privada. Como se ha dicho, sin los valores masculinos no se prospera, pero sin los valores femeninos no se puede vivir.

Por ello, el equilibrio entre público y privado no es una guerra declarada entre varones y mujeres, ni una lucha por conseguir protagonismo. Lo necesario es que la revisión de esas esferas se lleve a cabo sobre un presupuesto esencial. Y es que la igualdad de oportunidades de las mujeres no es un problema exclusivo de las mujeres: es un problema que ha de resolverse con la participación de toda la sociedad. La voluntad política, en este sentido, es importante, pero no lo es menos la sensibilización de todos los agentes sociales y la educación de todas las personas.

En esta línea, los acuerdos alcanzados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en China en 1995, incluyen no solo propuestas y objetivos que deben ser conseguidos antes del 2000, sino también un plan detallado de seguimiento de todos los acuerdos, que pasa por el análisis de cuestiones de fondo y que -como se señalaba- no puede reducirse a proponer medidas a modo de “parche”.

De acuerdo con ello, resulta especialmente importante la reunión de la Comisión para la Condición jurídica y social de la mujer, convocada también en el seno de Naciones Unidas y celebrada en Nueva York el pasado mes de marzo. Fue la primera vez que Naciones Unidas dio la voz a una experta española, en cuya intervención fueron recogidas las posibles causas de la desigualdad, así como las alternativas para evitarla.

La Comisión para la Condición jurídica y social de la mujer celebró su periodo de sesiones durante el pasado mes de marzo, haciendo efectiva la resolución 51/69 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que acogía a su vez el programa propuesto por la resolución 1996/6 del Consejo económico y social.

De los cuatro temas analizados, la prioridad de la educación resultó manifiesta. No solo por la necesidad de aumentar la formación femenina, sino fundamentalmente porque el 63,8% del analfabetismo mundial corresponde a las mujeres, y únicamente 70 países en todo el mundo han alcanzado la paridad entre los géneros en materia de alfabetismo. Esa diferencia en el seno de la educación está confirmada por las disfunciones en sede económica. Con independencia del debate abierto Norte-Sur, que se manifiesta en este foro, la falta de participación en la toma de decisiones económicas resulta no solo una ausencia injustificada, sino también desproporcionada con la realidad. Sobre todo si se tiene en cuenta el trabajo no remunerado de las mujeres, que incluye no solo el trabajo doméstico, sino también el desarrollado en muchas zonas rurales y el que se realiza en empresas familiares. En este sentido, ha quedado confirmada la habilidad de las mujeres con la experiencia positiva de los microcréditos, con los que muchas han mostrado sus capacidades como trabajadoras y como empresarias.

Otro de los asuntos tratados en la Comisión fue el medioambiente. La directora del Instituto de la Mujer de la delegación española propuso algunas cuestiones que pudieron consensuarse. La primera fue la promoción del llamado “consumo responsable”; la segunda, el análisis del impacto ambiental en las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico; finalmente, la tercera fue la necesidad de formación ambiental en el turismo, teniendo en cuenta que España es el segundo país del mundo receptor de turismo y que la mayor parte de las empresas de turismo rural de nuestro país están dirigidas y son gestionadas por mujeres.

La infrarrepresentación femenina y la “feminización de la pobreza”

En España, el campo político es el que ha experimentado una mayor incorporación progresiva de las mujeres. En 1977, fecha de inicio del cambio político, en el Senado había 6 mujeres, que pasaron a ser 31 en las últimas elecciones, sobre un total de 208 personas, lo que supone un incremento del 2,4% al 14,9% en un periodo de 20 años. En el Parlamento había, en 1977, 22 mujeres, que son ahora 77, sobre un total de 350, lo que implica un cambio del 6,29% al 22% en el mismo periodo. Y en las corporaciones municipales también ha habido un notable aumento: de 8.096 corporaciones, en 1995 había un total de 529 alcaldesas, respecto a las 164 que había en 1983, lo que implica el paso de un 2% a un 6,5%.

El aumento es evidente, pero también lento. Ciertamente, en nuestro país han colaborado todos los agentes sociales. De manera especial lo han hecho los movimientos de mujeres, a través de las organizaciones no gubernamentales. No han estado al margen los partidos políticos y los sindicatos, ni tampoco el Gobierno como responsable del poder político. Pero, sin embargo, la voluntad de fomentar una mayor capacitación de las mujeres no es todavía satisfactoria. Seguramente porque es necesario sensibilizar a toda la sociedad acerca de la situación de la mujer como realidad no exclusiva de las mujeres. La sociedad se compone de todas las personas que la integran (con todos los matices que requiere esta afirmación por lo que se refiere a la integración) y, por ello, los problemas de una parte importante de la sociedad afectan a ésta por entero.

Dos son las causas genéricas que explican la insuficiente participación de las mujeres. En primer lugar, la situación de pobreza y falta de recursos en la que todavía se encuentran muchas mujeres, que responde a los bajos salarios o a situaciones discriminatorias en el campo laboral.

El punto 49 de la Plataforma de Acción aprobada en Beijing afirmaba rotundamente que la capacitación de las mujeres es un factor decisivo para erradicar la pobreza; la “feminización de la pobreza” limita el acceso de las mujeres a las estructuras de poder, no valora su trabajo no remunerado y hace decrecer su participación en mecanismos e instituciones económicas.

Junto a la situación de pobreza, hay un segundo factor no menos importante: la falta de formación y de educación. Las deficiencias en la formación sobre liderazgo, desarrollo social, político, económico, etc. se añaden a las desigualdades en la formación tecnológica, que hacen que -al menos en España- todavía no exista una paridad en la formación académica en esos ámbitos.

En España no hay ningun sector en el que pueda confirmarse plenamente la igualdad de participación, aunque es cierto que el acceso de la mujer a la educación ha sido uno de los más importantes avances en nuestro país. Sin embargo, avance no es sinónimo de logro conseguido.

Un apunte sobre las “cuotas”

En la IV Conferencia sobre la Mujer también se planteó la posibilidad de debatir el sistema de cuotas. Fue en especial la delegación argentina la que defendió un esquema de actuación que de algún modo obliga a incluir necesariamente un porcentaje de mujeres en todas las candidaturas y, de modo más concreto, en las elecciones políticas. Ya en aquel momento no hubo unanimidad para apoyar la propuesta, como tampoco la hubo en la reciente reunión de Nueva York.

Las posiciones a favor y en contra de este punto resultaban claras en sus propuestas. En el primer caso, se abogaba por este sistema como una medida de presión para incorporar necesariamente a mujeres, que al mismo tiempo también se verían presionadas para incrementar su preparación y formación y así responder a las expectativas. En contra, se utilizaba un argumento obvio: no se trata de incorporar a mujeres por el hecho de serlo, sino porque están en situación de igualdad con el varón. Utilizar el sistema de cuotas puede resultar discriminatorio, en la medida en que se entiende como un arma de protección especial para la mujer, marginando de este modo el planteamiento de la igualdad y considerándola por su condición sexuada y no por ella misma como persona.

Con independencia de la opción que se elija, lo cierto es que en algunos países el sistema de cuotas ha resultado positivo. Las expertas reunidas en marzo de este año en Nueva York también estaban divididas, aunque la mayoría prefería mantener el sistema. Y lo mismo habría que decir de las delegaciones gubernamentales. Pero, a pesar de todo, no se trata tanto de potenciar el “añadido” de las cuotas, forzando la inclusión de mujeres, como más bien de buscar “remedios” previos, potenciando la educación y formación de las mujeres para que se encuentren en situación de igualdad respecto a los varones. En caso contrario las cuotas se convierten en una especie de recurso (o si se prefiere, de engaño) para disfrazar la igualdad, y no se acaba de poner remedio a las causas de la desigualdad.

Para paliar la polémica y la repetición de argumentos que tuvieron lugar en Nueva York el pasado marzo, la Unión Europea abogó por utilizar en sus propuestas oficiosas el término “participación equilibrada” de modo que, buscando la igualdad en la participación, no necesariamente tuviera que recurrirse a las cuotas, una iniciativa que tiene su origen en la recomendación, aprobada en diciembre, que sugiere a los Gobiernos europeos la revisión de la situación interna y propone campañas de educación y sensibilización para adquirir un status de “participación equilibrada”.

Tampoco el informe presentado por el Secretario General zanjó la cuestión. Propuso el reconocimiento de la participación en la adopción de decisiones políticas como un derecho humano fundamental, apelando a los textos internacionales de derechos humanos y dando cuenta de los ámbitos en los que la presencia femenina es prácticamente nula. Es el caso de los procesos para la resolución de conflictos internacionales, los procesos de paz, la diplomacia multilateral y las organizaciones internacionales, entre otros.

En todo caso, la situación de cada Estado condiciona las medidas que pueden tomarse. La mayor parte de las delegaciones latinoamericanas defendieron el sistema de cuotas: es preciso recordar que proceden de unos contextos sociales y culturales con importantes índices de analfabetismo, en los que todavía es más dificil y lenta la formación de las mujeres.

En cualquier caso: aunque no puede negarse que en algunos casos puntuales el sistema de cuotas ha tenido resultados positivos, resulta especialmente importante, sin embargo, insistir en el carácter transitorio y parcial de esa medida y abogar por un sistema de educación y formación adecuado que no lleve a mediatizar la elección por cualidades o elementos que no definen a la persona.

Las posibles medidas

Para poder proponer medios y estrategias es necesario tener en cuenta las medidas que se han tomado, positivas en la medida en que se ha conseguido un incremento de la participación de las mujeres españolas en la toma de decisiones, especialmente en el campo político. Los dos planes de igualdad aplicados en España han abarcado los periodos 1988-90 y 1993-95, respectivamente. Recientemente, ha sido aprobado el m Plan para la Igualdad de Oportunidades de las mujeres.

Es evidente que se hace necesario un programa de educación y formación para la igualdad en el que se preste una atención especial a las niñas y a los proyectos de reciclaje en el mundo laboral de las mujeres adultas. Las responsabilidades familiares han de ser compartidas, lo que requiere campañas de sensibilización pública y estudios que recalquen el carácter sociológico de muchas funciones que tradicionalmente han sido asignadas a las mujeres sin ser exclusivas de ellas. Debe existir un empeño institucional por suprimir y evitar la difusión de imágenes o publicidad que puedan proponer la imagen unilateral de la mujer objeto o la de un ser destinado a la realización exclusiva de algunas funciones.

También es importante reclamar el establecimiento de medidas para facilitar y fomentar el cuidado de los hijos. En este intento, el primer objetivo debe ser la elaboración de políticas que hagan compatible el trabajo familiar con el profesional. Sería necesario revisar la compatibilidad de los horarios de trabajo; la promoción de parvularios y medios para el cuidado de los hijos; la redistribución de los sistemas de trabajo, fomentando el trabajo en equipos para sustituir, donde proceda, el trabajo individualizado; y, en definitiva, un análisis del desarrollo y la interpretación del artículo 39.2 de la Constitución española de 1978, que establece: “los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil”.

Además de las medidas relativas a las responsabilidades familiares y al cuidado de los hijos, hay que revalorizar el trabajo no remunerado de las mujeres, siguiendo el texto de la Plataforma de Acción, que entre otras cosas establece: “la plena visibilidad del carácter y alcance de este trabajo no remunerado y su distribución contribuirá también a un mejor reparto de las responsabilidades”.

Como se ha dicho, la solución no es fácil ni mágica. Hay que tener en cuenta los factores socio-culturales, políticos y económicos que perfilan cada tipo de sociedad. Y no sería justo (siguiendo los modos de la IV Conferencia) imponer el modelo occidental como el único que debe seguirse.

Que la mujer todavía no está en situación de igualdad respecto al varón en la esfera pública es evidente. También lo es que el varón no se ha incorporado de modo suficiente a la esfera privada. Pero, partiendo de una nueva lectura de lo público y lo privado, hay que tratar de proponer medidas o estrategias que faciliten el acceso de las mujeres al poder. Como ya se ha afirmado, no es una cuestión de protagonismo, sino de respeto a la realidad. Cuanta mayor sea la participación de las mujeres, más justo será el mundo porque no solo estará gobernado por ojos del varón, sino también por los de la mujer. Y es esa perspectiva conjunta la que hace que la realidad pueda percibirse de modo global, es decir, respetando todos los matices, las coincidencias y las diferencias.

NOTA: Una versión de este artículo fue presentada en el Panel u (Women in Power and Decision-Making ) organizado por las Naciones Unidas entre el 10 y el 21 de marzo de 1997 en Nueva York.


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Profesora Titular de Filosofía del Derecho. Universidad Complutense