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Los resultados electorales del 3 de marzo han sido sorprendentes y no han atendido a la demanda de estabilidad que necesitaba el país después de una azarosa legislatura anterior. Desde el respeto absoluto a la voluntad soberana de los ciudadanos, libremente expresada en las urnas, corresponde a los políticos establecer los acuerdos políticos necesarios para procurar, a posteriori, un marco estable que permita la gobernabilidad del país (que es tanto como decir la defensa de los intereses generales de los ciudadanos y la contribución a la resolución de sus problemas). El Partido Popular ha ganado limpia y democráticamente las elecciones, superando la inercia del miedo, los serviciales medios de comunicación públicos, otros medios de comunicación afines en comisión de servicio y -sobre todo- una estrategia política del PSOE basada en la división del país.

Los españoles han decidido; seguramente no sabían cuál iba a ser la foto final, y ahora a algunos posiblemente no les gusta la que pueden tener en la mesilla de noche en los próximos cuatro años, pero a los políticos les corresponde solo interpretar e intentar resolver las realidades políticas. En democracia, las mayorías las orientan los ciudadanos con su voto.

Desde la órbita socialista, las consecuencias apuntan a que Felipe González, con este resultado electoral, va a poder congelar la renovación del PSOE (que inexcusablemente pasa por su relegación del liderazgo del Partido Socialista). También entra dentro de lo previsible que, desde la oposición, o desde la Presidencia del Gobierno en funciones si hubiera elecciones, su partido pueda avanzar en la hegemonía de la izquierda, reduciendo a Izquierda Unida a un papel simbólico. Parece que Felipe González, que con frecuencia hace coincidir sus intereses con otros más generales, cree, como manifestó en Linares, que éste es el mejor resultado posible. Dado que no es el mejor resultado posible para el conjunto del país, es fácil deducir que lo que está pensando es que es el mejor resultado para él. En fin, que el resultado electoral parece tranquilizarle.

Tres semanas después de las elecciones y una vez producido el encuentro Pujol-Aznar -que “desbloquea el clima”, “rompe el hielo” y “fortalece los puentes” (incluido el aéreo)-, lo único cierto es que el país sigue esperando un acuerdo que nos permita bajarnos de la actual noria para que el país simplemente ande. El Partido Popular está cumpliendo fielmente con sus obligaciones y con el mandato recibido; muy especialmente su Presidente, intentando de buena fe aproximar posturas con los nacionalistas catalanes y vascos; con los canarios ya lo ha conseguido.

Eso se está haciendo desde el liderazgo de un partido nacional que tiene un proyecto común y plural para España. El reconocimiento de la pluralidad de España deriva de la histórica Constitución de 1978 y de los Estatutos de Autonomía vasco y catalán, que recogen sus aspiraciones de autogobierno y cuyo desarrollo estatutario no está concluido. Galicia y Andalucía, comunidades autónomas que lo fueron por la vía del artículo 151, también tienen en sus respectivos Estatutos de Autonomía un camino que recorrer. El resto de las Comunidades Autónomas, por tener hechos diferenciales menos pronunciados o por simple sensatez política, fueron reconducidas a otra vía de acceso a su autonomía donde prima más el carácter administrativo que el político.

Hay, por lo tanto, una invitación a cumplir lo que los españoles decidimos hace dieciocho años en la Constitución española y en los Estatutos. Es muy importante resaltar que el Partido Popular no es un partido “nacionalista español”, y, por tanto, tampoco parece probable que por “tomar el poder” (es su obligación moral, política y constitucional intentarlo, al ser el partido más votado) vaya a convertirse en un partido nacionalista (catalán o vasco). España es plural, Cataluña y el País Vasco también lo son, como se ve en los resultados electorales en esas comunidades. Por lo tanto, es necesario que la tolerancia sea recíproca y que nadie pueda ser descalificado por no compartir ideas o conceptos a los que no está obligado. El Partido Popular concurrió a las elecciones con un programa que pretendía modernizar España de verdad. Y modernizar España consiste en: si es plural, hacerla plural; si el país tiene una Administración ineficaz y fotocopiada por triplicado, que tenga una única Administración eficaz; modernizarla es encontrar puntos de equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad, porque de lo contrario España se descompensaría, y el país no se estaría modernizando, sino fomentando privilegios y desigualdades. La corresponsabilidad fiscal lleva aparejada la responsabilidad en la gestión del gasto público (“quien cobra, paga”) y además la de contribuir solidariamente en un porcentaje al mantenimiento y desarrollo de las comunidades más pobres.

Por lo tanto, hay que buscar puntos de encuentro en el camino que marca la Constitución. Este camino no se recorre en un día, y no debe ser simplificado: hay que hacerlo descendiendo a los puntos y a las comas. El reto histórico es integrar generosamente a los nacionalistas vascos y catalanes en un proyecto común que respeta e impulsa sus peculiaridades, y que además debería servir para potenciar las posiciones catalanistas y vasquistas del Partido Popular en esas comunidades, como ha ocurrido con el PSOE en Cataluña y en el País Vasco. Estamos en una calle, en suma, de doble dirección: el proyecto político es tan ambicioso y serio que no podrá estar concluido en una sola legislatura. Lo importante ahora es el compromiso político, el proyecto, la confianza mutua y el diálogo. La aplicación correcta de lo pactado, en tiempo y forma, es tan serio que no puede imponerse de la noche a la mañana.

España, Cataluña, el País Vasco, Canarias -toda España- esperan una solución que respete el veredicto de las urnas. Trabajar juntos es el camino. Nadie entendería ni perdonaría las posturas maximalistas, ni los órdagos, ni las resistencias numantinas, ni las piedras en el camino que impidieran formar ese Gobierno que España necesita. No valen los dobles juegos de traspasos ejemplares del poder al mismo tiempo que la denuncia de riesgos inexistentes o irresponsables acerca de la cohesión territorial y nacional del país; el todo o nada de unos o de otros no abrirá nunca camino. Hay que intentar el acuerdo y explicar con transparencia la grandeza de lo que se pretende, tanto si se consigue el objetivo como si no. La responsabilidad personal y política, la humildad, la templanza, el diálogo sin límites, la generosidad, las buenas formas y la visión histórica son referencias que no sabemos si conducen a la tierra prometida, pero sí conducen a poder presentarse ante los ciudadanos con la mirada limpia y la conciencia tranquila. El límite es la ley, es decir: la Constitución y los Estatutos; el proyecto es el de una auténtica transformación del Estado: para que el país sea más eficaz, esté más cohesionado -lo que se conseguirá al romper tabúes, preservando las señas de identidad de cada cual- y sea más solidario, sintiéndonos todos más cómodos en la gran tarea -plural pero común- de España.

Se equivocan los que ostentan el Gobierno en funciones de este país (y por tanto son responsables de todo lo que ocurra en España hasta que se forme el nuevo Gobierno) al estar, cuando el acuerdo parece imposible, animando a que se produzca, y cuando el acuerdo es posible sembrando dudas sobre su coste. Hay que saber perder, y no podrá presentarse como salvador ni como la solución, en unas posibles elecciones que no hay que descartar, el partido de la doble cara, el de la España en blanco y negro, el que mueve los hilos desde las cavernas del poder para impedir que la alternancia que han querido los españoles por 300.000 votos (aunque hubiera sido por un solo voto habría tenido la misma legitimidad) se produzca. Hay que hacer lo que hay que hacer, porque cumplir con el deber es siempre válido, cualquiera que sea la hipótesis con la que se trabaja. Ojalá que por el bien de los españoles y de la España plural se produzca un buen acuerdo que sane la parálisis actual y envíe a los que han perdido las elecciones a cumplir la tarea de una digna oposición. El país necesita una salida política: esperemos que los que por mandato de los ciudadanos son la llave abran las puertas del cambio y no las cierren, desentendiéndose de un proyecto que debería ser común.


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