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Para que las universidades resulten emprendedoras e innovadoras se precisa que sean instituciones más autónomas, más comprometidas y socialmente más responsables.

Pero todo se sostiene en una determinada concepción de lo que significa ser universitario, en un proyecto individual y colectivo, en un desafío personal y social. Hablamos de la relación de la universidad y la sociedad. No olvidemos que la universidad es sociedad, forma parte de ella y su mejora se traduce socialmente. Por eso, antes de cualquier otra consideración, la comunidad universitaria ha de ser un modelo de convivencia, un espacio civilizatorio de referencia y ha de resultar ejemplar en el comportamiento, por la dedicación y laboriosidad, por la competencia.

Carece de sentido limitarnos a otras consideraciones si esa ejemplaridad no se hace patente por la calidad de los servicios, por las relaciones personales y laborales, por el compromiso por el desarrollo sostenible, por la implicación con la transformación social. Pero singularmente ha de caracterizarse por la creación, generación y transmisión del conocimiento. Para que la transferencia a la sociedad y la creación de bienestar sean efectivas, la universidad ha de velar especialmente por la historia, el sentido y el significado de los conceptos y de las palabras, por sus principios, convicciones y valores. Solo así podrá dar respuesta a las demandas sociales, mejorar el sistema productivo y generar personas de valía, con conocimiento y con competencia. Y únicamente así podrá incidir en el desarrollo territorial, social, económico y político y crear mejores condiciones de vida.

UN MODELO DE FINANCIACIÓN ACORDADO PARA LA MAYOR EFICIENCIA

Frente a una idea malentendida de utilitarismo o pragmatismo, frente a la tecnocracia, se necesita una idea abierta y plural de la universidad y de la ciencia que no ignore la dimensión social de la investigación y de la innovación, también de la innovación social.
Y subrayémoslo directa y decisivamente. Ello exige disponer de un modelo de financiación transparente que garantice la suficiencia, promueva la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas y asegure la equidad. Es en este contexto en el que se comprende la importancia de mejorar la financiación pública de las universidades, elevando el gasto universitario hacia el 2% del PIB. La estabilidad de los recursos permite la realización de políticas con perspectiva y compromiso y que garanticen la atención de las necesidades específicas fundamentales. Eso sí, a su vez, con indicadores, objetivos y evaluación que permitan incentivar los logros de calidad y estimular las mejores experiencias. Para ello, a su vez, y en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades se ha de promover un marco estatal de precios públicos que tenga en cuenta los niveles de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurándose así la igualdad de oportunidades.

A nuestro juicio habría de establecerse el carácter de las becas como un derecho subjetivo de quienes manifiesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos requisitos académicos que rigen para cualquier estudiante universitario. Y, desde luego, ello no excluye otros estímulos a la excelencia que no han de considerarse estrictamente como becas. La universidad ha de garantizar que con independencia de la situación económica puede accederse a la educación superior. Se trata de que nadie, nunca, jamás, por razones sociales y económicas se vea privado de formación superior. Y no por un sentido paternalista de la institución universitaria sino porque a mayor formación, mayor capacitación para la empleabilidad y menor necesidad de políticas de subsistencia.

Aunque nada de esto podrá ser posible si no se diseña y desarrolla un modelo de carrera profesional para el personal docente investigador y para el personal de apoyo especializado a la investigación (técnico y de gestión). Las capacidades y competencias han de ser favorecidas y promovidas con reconocimiento y acreditación institucional y que a su vez se incorporen nuevos mecanismos de movilidad nacional e internacional.

Eso ha de concretarse en la aprobación del Estatuto del PDI, previsto por la Ley Orgánica de Universidades, que defina el marco normativo y que regule las condiciones de trabajo y la carrera profesional de quienes ejercen y han de ejercer su labor en las universidades públicas.

En realidad todos estos desafíos son complejos y no están exentos de cierta polémica. Por eso solo pueden abordarse desde el diálogo, en las propias universidades y con las propias universidades. Solo así cabrá definir la política universitaria. Y a la par ha de hacerse contando con los órganos consultivos, de coordinación y concertación del sistema universitario, que no ignore su interterritorialidad. Todo ello, por ejemplo, y el ejemplo es sustantivo, no ha de hacerse ignorando el Consejo del Estudiante Universitario. De lo contrario, no habrá una mejora consistente.

Sin embargo, a pesar de resultar decisivo un modelo claro de financiación, ello no será la panacea para la resolución de los problemas y de los desafíos de la universidad.

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ELEMENTO ARTICULADOR

En un entorno como el actual, de creciente globalización y apertura de la sociedad y de la economía española a la acción y cooperación internacional, la internacionalización de las universidades e instituciones de educación superior españolas es fundamental para potenciar su contribución a la obtención de un modelo de desarrollo económico sostenible y con cohesión social basado en el conocimiento.

Esto implica apertura, relación y comprensión, una noción de la comunidad científica de intercambio y de movilidad, de sana competitividad por la excelencia, de compartir experiencias y desafíos, de pensamiento y de reflexión generados y transmitidos, de pluralidad de lenguas, culturas y modos de vida, de cooperación y de solidaridad, a fin de abordar conjuntamente aspectos globales y de responder a ellos con singularidad, en un contexto común de entendimiento mutuo, en un espacio de iniciativas como plataformas de caja de resonancia. Solo una adecuada articulación de estos factores supondrá un cambio cualitativo decisivo en la universidad.

Por ello, la internacionalización no puede considerarse como un elemento añadido lateral, sino vertebral, ni ha de reducirse a aspectos aislados, por muy importantes que resulten. Es todo un modo de concebir la universidad transformadora. La internacionalización de las universidades es además necesaria para avanzar en el proceso hacia la sociedad y la economía innovadora, capaz de responder a los grandes retos globales de las sociedades del siglo XXI: energía sostenible, cambio climático, salud, agua, alimentación, luchar contra la pobreza, etc. Esta dimensión social de la internacionalización es determinante.

También por eso hemos de contribuir a hacer más visible y atractivo nuestro sistema universitario. Es necesario incrementar la capacidad de atraer, retener y motivar a los mejores estudiantes, académicos, investigadores y gestores de investigación, contribuyendo al interés que ha de suscitar nuestro país dentro de la competencia global por el talento y por las inversiones en I+D.

Europa es el primer ámbito en el que hay que estar presentes y la universidad es uno de los vértices sobre el que ha de pivotar la modernización del sistema de I+D+i. También necesitamos incrementar la ya importante participación de los grupos de investigación de nuestras universidades en los diferentes programas internacionales, así como estrechar los grandes lazos científicos que nos unen, por ejemplo, con Latinoamérica, a través de estructuras cada vez más estables. Para ello precisamos de una acción global exterior que ayude a incrementar el atractivo de nuestras universidades y centros de investigación para la localización de actividades intensivas en conocimiento, ayudando al cambio de modelo económico y a la renovación social de España.

Hemos de consolidar un sistema universitario fuerte e internacionalmente atractivo que promueva la capacidad de la sociedad para funcionar en un entorno internacional abierto y competitivo y que responda a los nuevos retos. Deben desarrollarse la dimensión y la responsabilidad social de las universidades y contribuir a mejorar la competitividad y suscitar el interés internacional de España para el talento y las inversiones relacionadas con el conocimiento.

Pero mientras señalamos que es preciso facilitar la cooperación internacional con universidades, centros de investigación y empresas en todo el mundo, se hace preciso el retorno de nuestros licenciados, de nuestras licenciadas, integrándolos en los grupos de investigación y docencia de las universidades, a fin de que puedan aportar su experiencia y conocimientos conseguidos durante no pocos años.

La universidad ha de ser un espacio de reflexión sobre el papel y el lugar de los más jóvenes en la sociedad, pero es también un instrumento de acción, con proyectos, programas, medidas y actividades concretas que aporten su vitalidad, entusiasmo y dinamismo a este gran esfuerzo común. Ello exige una mayor versatilidad y flexibilidad para adaptarse permanentemente a las necesidades y requerimientos de una realidad diferente, en un mundo distinto y complejo.

LA UNIVERSIDAD COMO FACTOR DE INNOVACIÓN Y DE BIENESTAR

Dado que la educación, muy singularmente la educación superior, es una enorme fuerza de cambio y de progreso, las universidades han de estar incorporadas e integradas en entornos geográficos, sociales, económicos y políticos que generen, transmitan y transfieran el conocimiento y procuren desarrollo y bienestar.
Insistir en que las universidades y la educación superior han de jugar un papel decisivo para afrontar retos sociales y poner el saber al servicio del bienestar y de las transformaciones sociales supone, a la par, impulsar la ciencia y la tecnología, innovar, investigar, emprender, transferir, incubar posibilidades y realidades.

La Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ambas aprobadas en 2011, pusieron el énfasis en la calidad, la transparencia y la circulación del conocimiento. Este concepto quedó expresado en Campus de Excelencia Internacional, donde la agregación de conocimiento y las universidades incorporadas en entornos geográficos, sociales, económicos y políticos generan, transmiten y transfieren el conocimiento y procuran desarrollo y bienestar y un desarrollo sostenible, no solo económicamente, aunque también.

Por eso es tan preocupante el retroceso en la inversión en I+D tanto en el sector público como en el privado, que parece haber renunciado al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020. Y aquí no es justo ignorar que estamos lejos del objetivo de la UE de que la aportación privada constituya los dos tercios de la inversión en I+D.

No por muy conocida es solo tópica la frase referida a los países y regiones punteras del mundo: «No son los que más crecen los que más invierten en I+D+i, sino al revés»; esto es, los que propician la inversión en ciencia e innovación que asegura un modelo productivo sólido y estable, de excelencia, los que favorecen la cooperación entre universidades y empresas (grandes y pequeñas) y también con otras instituciones como museos, hospitales, fundaciones, etc., buenas infraestructuras y una digitalización e informatización extendidas por todo el territorio. Tienen programas y medidas que impulsan la innovación y el emprendimiento a partir del conocimiento y también la internacionalización. Y han puesto en marcha mecanismos fiscales, financieros, administrativos y sociales para favorecer la innovación tanto en su crecimiento como en beneficio para la ciudadanía.

La colaboración entre todos los agentes de I+D+i, desde la investigación básica hasta la creación de empresas pasando por la transferencia del conocimiento a la sociedad, muestra hasta qué punto la mejora de la universidad no es, simplemente, un asunto universitario. Si con ella se juega el destino mismo de la sociedad es indispensable potenciar su capacidad de autonomía y su singularidad en atención a los entornos y contextos en los que desarrolla su labor. De ahí la importancia de propiciar la empleabilidad, que supone formación integral y versátil, que no se reduce a la mera adquisición de un conocimiento para hacer un trabajo ya definido que, entre otras razones, no tiene garantizada ni siquiera su pervivencia como tal trabajo. Con autonomía y buenos recursos unidos a una adecuada rendición de cuentas, el éxito está en gran parte garantizado. Así lo confirman las mejores universidades del mundo.

El sistema universitario es un verdadero proceso de cohesión y de vertebración interterritorial, sostenido en la solidaridad que se nutre de la diversidad. Y esta no es solo tarea de los universitarios. De ahí que la acción para mejorar la universidad suponga la necesidad de una participación activa de toda la comunidad social y política con la convicción de que con ello se pone en juego el horizonte de nuestra sociedad. No habrá transformación efectiva de la universidad sin la comunidad universitaria como agente efectivo de la misma.

La universidad ha de estar en la vanguardia de los procesos de progreso y de bienestar social. Combatir la crisis y cambiar nuestro modelo económico exige vincular el conocimiento, la innovación y la transferencia de dicho conocimiento a las políticas económicas y sociales, y considerar esto como vértebra central de su tarea. Se trata de atender nuevas necesidades en los ámbitos de formación permanente y exigir mayor movilidad. Eso pasa por reconocer que es decisiva la contribución socioeconómica de las universidades españolas en sus territorios de influencia. Con estos planteamientos, es compatible avanzar hacia la agregación (que no la mera fusión), la especialización (que no el aislamiento), la internacionalización (que no se reduce a meras relaciones exteriores). Así, la calidad y la excelencia acompañarán a la racionalización de lo que se ofrece a la sociedad. El eje universidad-ciudad-territorio diseñará una nueva arquitectura del conocimiento más eficiente y adecuada al nuevo marco global.
Y, desde luego, conviene no olvidar que la universidad vie-ne a ser el lugar de vida de muchos estudiantes en el que se preparan no solo profesionalmente sino como ciudadanos que participan activamente de la vida y de la organización universitaria.

No hemos de ignorar que la universidad es un espacio privilegiado de educación, que es educación superior y que requiere conocimiento, aptitudes, actitudes y valores y que por tanto los planes de estudio no han de reducirse al mero adiestramiento profesional. Dichos planes han de ser abiertos y dinámicos, y con transversalidad. Han de preparar para el ejercicio profesional, pero a su vez formar integralmente con una capacitación específica.

Si se precisan otras formas de enseñar y de aprender, si las metodologías y los métodos son aún demasiado convencionales, la innovación ha de ser no solo pedagógica, bien necesaria por cierto, sino que también ha de promover la ciudadanía activa y libre. La universidad ha de ser un referente por su innovación social. Los modos de saber no han de ser indiferentes de los modos de hacer. Solo así la experimentación forja experiencia, y solo así la dimensión y el ejercicio de la práctica no es la pura puesta en práctica de lo que ya se conoce.

La universidad no ha de enclaustrarse ensimismada en su problemas y en la resolución de los mismos. Es imprescindible deshilvanar los espacios enquistados y acomodados. En este sentido, los Consejos Sociales, como expresión aún más explícita de las necesidades y demandas de la sociedad, han de ser un vehículo expreso de relación y también de comunicación y de generación de posibilidades.

La universidad precisa afrontar con rigor lo que, con esta perspectiva señalada, significa un debate serio sobre la gobernanza, sin limitarse a tratar de importar modelos de otras organizaciones. Es preciso definir con claridad los ámbitos de la toma de decisiones efectivas. Es necesario desburocratizar en múltiples aspectos la universidad, pero no al precio de cuestionar modelos de participación que a la larga, además de propiciar decisiones más legítimas, resultan más eficaces y estables. El debate es imprescindible y está abierto. No se ha de tratar de cerrar precipitada y simplistamente.

La sociedad no ha de ser por ello indiferente a la universidad. Las importantes transformaciones procuradas por esta son decisivas para lograr un país más activo, más eficiente y más comprometido. La labor solidaria y la cooperación universitaria requieren asimismo competencia y capacitación y vienen a señalar y a significar lo que ha de suponer explícitamente la relación entre el progreso del conocimiento y la mejora de la sociedad.


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Portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid. Catedrático y ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Ex Presidente de la CRUE. Ex ministro de Educación.